El Gobierno de Asturias destina 7,5 millones de euros para programas de formación de empresas. Estos fondos son gestionados por el Servicio Público de Empleo (Sepepa) y se destinan a la formación de trabajadores ocupados para reforzar sus habilidades profesionales y facilitar su adaptación a los cambios en los procesos productivos. Son cursos de competencias transversales a varios sectores de la actividad económica o de las específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de empleados de otros ámbitos.

Galicia, puso en marcha un programa de unidades formativas dirigidas a la formación de ocupados en sectores estratégicos para las empresas gallegas, donde pueden ser entidades beneficiarias de las ayudas las empresas privadas con centro de trabajo en Galicia, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten. Igualmente, podrán ser beneficiarias las personas autónomas que posean una empresa que dé ocupación a trabajadores por cuenta ajena. También podrán ser entidades beneficiarias las agrupaciones de empresas constituidas, como mínimo, por 2 empresas con necesidades formativas similares, de tal modo que así se pueda alcanzar el número mínimo de alumnado. El tamaño máximo de la agrupación será de 10 empresas.

En Navarra se ha publicado la Resolución del Servicio Navarro de Empleo por la que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la ejecución de programas de formación dirigidos a ocupados y vinculados a la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra. Pueden participar las entidades de formación públicas o privadas, incluidos los Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad privada, acreditadas y/o inscritas en el correspondiente Registro de Entidades de Formación para impartir las especialidades formativas objeto de la subvención, ya sea en la modalidad presencial, de teleformación o mixta.

Por otro lado, el Servicio Vasco de Empleo ha publicado convocatoria de subvenciones para financiar oferta formativa 2020-2022 dirigida a las personas desempleadas, dentro del marco de la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi. Los beneficiarios son las entidades de formación privadas o públicas no adscritas o dependientes del Departamento de Educación o del de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, acreditadas y/o inscritas, con anterioridad a la fecha de publicación de esta convocatoria, en el Registro de entidades de formación gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en cualquier otro Registro de entidades de formación para el empleo de carácter autonómico o en el Registro Estatal de Entidades de Formación.

En Castilla La Mancha se publica la resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, relacionada con la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la prospección y detección de necesidades formativas; diseño, programación y difusión de la oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas empresas (Pymes) en la formación de sus trabajadores.

Mientras que en Andalucía se impone un nuevo modelo de convocatoria basado en la Licitación pública, donde se pone en marcha una oferta formativa de la Formación Profesional (FP) para el Empleo con impartición de más de 1.500 acciones de 500 especialidades diferentes conducentes a certificados de profesionalidad para formar a más de 23.500 alumnos. Son 41 millones de euros para Licitaciones distribuidos en distintos lotes de FPE. También se ha licitado formación en turismo y hostelería, seguida por otra para formar a los profesionales en nuevas tecnologías con el programa ‘Andaluces Digitales’, y otro destinado al sector de la construcción.

En cuanto al Sepe a nivel estatal, la última convocatoria es de hace 3 años, resolución por la que se aprobaba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos a ocupados. Eran subvenciones de formación de oferta y de trabajadores, con acciones formativas que respondían a las necesidades de adquisición de competencias transversales a los distintos sectores productivos; acciones formativas para la adquisición de competencias técnico profesionales específicas a sectores; y acciones profesionales y transversales que den cobertura a los requerimientos de cualificaciones de competencias profesionales de los trabajadores autónomos y los trabajadores de entidades de la economía social.