El Gobierno ha preparado un informe de la España en el año 2050 y menciona varios apartados sobre Formación Continua, algunos muy desatinados como por ejemplo que en las universidades se impartirá la formación de los trabajadores del futuro, o identificar e igualar la formación bonificada (programada) con la formación impartida en las propias empresas (in-company), o infravalorar las píldoras formativas o unidades de competencia. Incluso no se menciona nada sobre aula virtual, formación bimodal, elearning, blendedlearning, modalidad mixta, etc.

El documento indica que “España ha contado hasta la fecha con un sistema integrado de educación y recualificación que se compone de la formación in-company que desarrollan las empresas para sus empleados (a menudo referida como “formación de demanda” en la literatura española)”. Dicha información no es correcta, ya que la formación de demanda, bonificada o programada por las empresas, también se desarrolla en modalidad presencial en centro de estudios, o mediante aula virtual, modalidad mixta, etc. Aproximadamente un 25% de los cursos de formación bonificada se organizan de un modo in-company, por ello la formación programada no se debe asimilar exclusivamente a la formación in-company.

El informe plantea la idea general de que en las universidades españolas habrá tantos alumnos por encima de los 25 años como por debajo, o que las universidades subutilizan su potencial formador, siendo minoría las que ofrecen títulos cortos para profesionales ocupados que quieren actualizar sus conocimientos. Además el documento sigue insistiendo en potenciar el papel de las empresas como entidades proveedoras de formación mediante incentivos como la posibilidad de acreditar su formación y combinarla con cursos ofertados por universidades y centros de FP.

En España más de un millón de personas en edad de trabajar verán sus competencias desactualizadas cada año, por ello para mantener una fuerza de trabajo competitiva sería necesario formar a ese número de trabajadores al año. En el futuro, la población adulta de nuestro país (ocupada y desocupada) actualizará y ampliará sus competencias cursando, juntos, programas ofrecidos por las universidades y los centros de FP», sostiene el texto. En este campo, los expertos consideran fundamental romper con la actual segregación de la población adulta –en términos formativos– entre empleados y desempleados.

Como ideas positivas, indican que se debe aumentar la financiación destinada a las políticas activas de empleo e insertar en los Presupuestos Generales del Estado una partida de financiación complementaria que permita corregir las variaciones que se produzcan en las cuotas de las empresas, de modo que la formación de la fuerza trabajadora no esté tan al albur del ciclo económico y que no se recorten los fondos en periodos de recesión, que es cuando más se necesitan.

O apoyar la participación de población trabajadora en activo en programas de recualificación atendiendo a las inquietudes personales y a las necesidades estratégicas identificadas por las empresas y las Administraciones públicas. Para ello, convendría seguir desarrollando mecanismos como el Permiso individual de formación (PIF) y explorar la creación de incentivos o bonos de formación siguiendo modelos de éxito como la Comptepersonnel de formation de Francia o el SkillsFuture de Singapur.

También proponen reinventar nuestro sistema de formación para personas desempleadas. En España el sistema público de formación y recualificación para población desempleada arrastra, desde hace décadas, deficiencias severas en su diseño, funcionamiento y supervisión. Lejos de aumentar, la proporción de desocupados que participan en programas de formación coordinados por el sector público se ha reducido a más de la mitad en las últimas dos décadas. Parte del problema reside en la financiación, que es insuficiente e inestable. España dedica solo un 0,11% de su PIB a formar y recualificar a su población trabajadora, eminentemente desempleada, frente al 0,14% de la UE-22 y el 0,25% de la UE-8. En términos de gasto en formación por persona desempleada, esto significa, aproximadamente, 350 euros por persona en España frente a los 3.000 euros que se destinan, de media, en la UE-8.

El 86% de los trabajadores españoles consideran que podrían desarrollar las competencias que necesitan para el futuro a través de su actual empleador. En las próximas décadas, megatendencias como la digitalización ecológica provocarán cambios profundos en nuestro tejido productivo y harán que las necesidades de recualificación de la población activa sean aún mayores. Las empresas se verán obligadas a transformar su estrategia de recursos humanos, dejando el sistema actual de reemplazar a sus empleados más antiguos por otros más jóvenes que cobran salarios más reducidos y poseen un abanico de competencias más actualizado.