En las próximas semanas se publicarán las convocatorias de los 250 millones de euros de subvenciones para cursos de ocupados basados en la Ley 30/2015
Tendrá prioridad los cursos de digitalización y las tecnologías de la comunicación, la internacionalización de las empresas, el emprendimiento y la eficiencia energética, entre otras. Además de los sectores relacionados con la atención sociosanitaria a personas dependientes y el control fitosanitario.
La convocatoria prevé una partida adicional de 14 millones de euros para la capacitación y adaptación de estos trabajadores del sector de dependencia y del sector agrario, que están obligados por norma a formarse en determinados certificados de profesionalidad para mantener su empleo.
Al tratarse de una convocatoria estatal las solicitudes deberán atender los ámbitos territoriales de radicación de las empresas y trabajadores de los distintos sectores de actividad determinados por las comisiones paritarias.
La convocatoria cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros desglosado en 4 tipos de planes: de formación sectorial, intersectorial, intersectorial dirigidos a trabajadores ocupados y socios de la economía social y de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos. En los cursos se permiten hasta un 30% de desempleados.
La convocatoria destina estos millones a ayudas para la formación, incorporando dinero que trabajadores y empresarios aportaron al sistema para la formación en 2015, aunque según cálculos de CCOO faltarían al menos 100 millones, cantidad que figuraba en los PGE del año anterior y que la Administración ha sustraído al sistema, sin saber si han tenido un destino diferente.
La convocatoria se basa en un diagnóstico previo de las necesidades formativas, el cual tiene su origen en el diálogo social y la negociación colectiva de las Comisiones Partitarias sectoriales. Además participan por primera vez las CCAA
La Fundación Estatal utilizará una nueva regulación para aumentar su participación ética y de transparencia del mundo institucional, reforzar la confianza de la sociedad y de los interesados en su actividad como entidad colaboradora en la gestión de fondos públicos.
Se ha intentado solucionar el problema de los solapamientos y duplicidades entre las distintas administraciones con competencias en la materia. Por ello, la presencia de los gobiernos autonómicos en la Fundación Estatal puede conseguir la cohesión de la formación en todo el Estado.
La negociación colectiva sectorial y los agentes sociales han marcado los criterios orientativos y las prioridades generales de la oferta formativa sectorial, y han elaborado los programas formativos que se incluirán en el Catálogo de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal y que deben realizar las entidades que accedan a las ayudas.
Según la Ley 30/2015 se establece la responsabilidad solidaria de los sujetos que participen en la obtención fraudulenta de ayudas, subvenciones y bonificaciones y se endurecen las sanciones, de manera que los beneficiarios del sistema de formación profesional para el empleo no puedan volver a serlo durante un periodo de 5 años en caso de cometer una infracción muy grave.
Las subvenciones serán en régimen de concurrencia competitiva, que se aplicarán a la oferta formativa para trabajadores desempleados y ocupados. La concurrencia estará abierta a todas las entidades de formación que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente.
Cuando se trate de programas formativos con compromisos de contratación, la concurrencia estará abierta a las empresas y entidades que comprometan la realización de los correspondientes contratos.
Los servicios públicos de empleo competentes podrán, como alternativa a las convocatorias de subvenciones, proporcionar un «cheque formación» a los trabajadores desempleados que, de acuerdo con su perfil, les acredite para realizar acciones formativas concretas dirigidas a mejorar su empleabilidad.
