El Consejo de Ministros autorizó el 3 de noviembre de 2026 un suplemento de crédito de aproximadamente 111,7 millones de euros en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La medida permite atender el mayor gasto previsto en la partida que financia las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social por la formación de trabajadores ocupados.
La dotación inicial de esta aplicación presupuestaria era de 550 millones de euros. Con el suplemento autorizado, los recursos alcanzan aproximadamente 661,7 millones, en consonancia con la previsión de gasto imputable al ejercicio. Esto representa un incremento cercano al 20,3 % respecto al presupuesto inicial de esa partida, calculado a partir de los importes oficiales.
| Concepto | Importe redondeado |
| Dotación inicial de la partida | 550 millones de euros |
| Suplemento de crédito autorizado | 111,7 millones de euros |
| Dotación resultante, ajustada al gasto previsto | 661,7 millones de euros |
Estas cifras corresponden a la aplicación presupuestaria afectada por el acuerdo, dentro del conjunto de la financiación del Sistema de Formación Profesional para el Empleo. El suplemento se financiará con el remanente de tesorería afectado a este sistema del organismo, es decir, con recursos vinculados a esa finalidad.
La formación bonificada se hace efectiva mediante las cotizaciones sociales. Las empresas que cumplen los requisitos pueden aplicar bonificaciones por la formación de sus trabajadores en sus liquidaciones a la Seguridad Social. Posteriormente, el SEPE debe abonar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) el importe correspondiente a esa reducción de ingresos por cuotas. El suplemento amplía la cobertura presupuestaria necesaria para atender estas obligaciones.
Este funcionamiento explica la relación entre la formación organizada por las empresas, las comunicaciones gestionadas a través de FUNDAE y la aplicación económica de las bonificaciones en la Seguridad Social. Para las empresas, la ayuda se materializa mediante una reducción de sus cotizaciones, dentro de los límites y condiciones del sistema.
La imputación presupuestaria incorpora un desfase aproximado de tres meses. Según la información oficial, la TGSS suele remitir la documentación justificativa con ese intervalo. Por ello, al presupuesto de 2026 se imputan gastos correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2025 y de enero a septiembre de 2026.
Esta explicación es relevante para interpretar las cifras: el ejercicio al que se carga una obligación presupuestaria puede diferir del periodo al que corresponde. El aumento del 20,3 % expresa la diferencia respecto a la dotación inicial de la partida; para analizar la evolución de la formación entre años sería necesario comparar datos homogéneos de ejecución y participación.
El crédito de cada empresa sigue sujeto a sus propias reglas de cálculo.
El acuerdo amplía los recursos de una partida estatal. La cantidad disponible para una empresa concreta se determina conforme a la normativa de formación programada, teniendo en cuenta las cotizaciones por formación profesional del año anterior y el porcentaje aplicable según su tamaño, además de los supuestos específicos previstos legalmente.
Las empresas deben consultar su crédito disponible en la aplicación de FUNDAE para planificar sus acciones formativas. El porcentaje de incremento presupuestario anunciado no constituye un porcentaje adicional que cada empresa pueda aplicar a su crédito. La Ley 30/2015, especialmente su artículo 9, sitúa las necesidades de las empresas y de sus trabajadores en el centro de esta iniciativa. Las acciones deben guardar relación con la actividad empresarial y permitir que las competencias profesionales se adapten a los cambios en los puestos de trabajo. La norma contempla que la empresa organice su formación directamente o encomiende su organización a una entidad externa.
Desde esta perspectiva, la formación continua puede orientarse a necesidades concretas: mejorar el tratamiento de datos, incorporar herramientas de inteligencia artificial a tareas administrativas, actualizar conocimientos de gestión o desarrollar competencias comerciales. La elección debe responder a objetivos de aprendizaje definidos y a una utilidad profesional identificable.
La disponibilidad presupuestaria debe acompañarse de una gestión adecuada de los cursos.
Para empresas, departamentos de recursos humanos y entidades organizadoras, resulta necesario coordinar la planificación, la impartición y la justificación económica. Entre las actuaciones fundamentales se encuentran:
- Comprobar el crédito disponible y los límites económicos aplicables antes de comprometer la bonificación.
- Definir los objetivos, contenidos, duración y destinatarios de la formación.
- Cumplir el procedimiento de información a la representación legal de las personas trabajadoras, cuando exista.
- Comunicar el inicio y la finalización de la formación en los plazos establecidos.
- Justificar los costes e identificar contablemente los gastos y las bonificaciones.
- Verificar la cofinanciación privada cuando resulte exigible.
En los cursos presenciales deben conservarse, entre otros documentos, los controles de asistencia, las evaluaciones y la acreditación de la entrega de diplomas o certificados. En teleformación adquieren especial relevancia la guía didáctica, los registros de actividad e interacción, la asistencia tutorial y las pruebas de evaluación.
La coordinación con la asesoría laboral también resulta decisiva. La empresa debe trasladarle el importe procedente y confirmar que la formación ha finalizado y que su finalización está comunicada. FUNDAE indica que, una vez realizada esa comunicación, la bonificación puede aplicarse dentro del plazo previsto, cuyo límite se vincula a la presentación de las cotizaciones de diciembre del ejercicio. fundae.es
Para los profesionales de la formación continua, el acuerdo refuerza la importancia de integrar la financiación pública en una planificación rigurosa. Identificar necesidades, seleccionar acciones útiles y documentar correctamente su ejecución permite que los recursos destinados a formación se traduzcan en capacidades aplicables al trabajo diario.
