El Sistema Nacional de Empleo intenta activar el empleo y por ello actualiza la Estrategia Española de Activación para el Empleo, junto con los Planes Anuales de Política Empleo. Asimismo indica se reflejarán las políticas activas de empleo y de intermediación laboral, incluyendo tanto los servicios y programas que realizan los servicios públicos de empleo con fondos estatales como los que las CCAA.
En general, los desempleados son personas con bajo nivel de cualificación, lo que contrasta con que los trabajadores de mayor nivel de cualificación que han ocupado los empleos creados en estos años. Así, frente al 53% de desempleados con nivel formativo bajo, sólo un 22% del empleo creado ha sido ocupado por personas con bajo nivel de formación.
Los sectores económicos que más crecen son los relacionados con el comercio exterior, la inversión en maquinaria y equipo y el turismo. Está previsto que crezcan los servicios, y entre los de hostelería y el turismo y la recuperación del comercio minorista, aunque también se prevé crecimiento para otras ramas, como el comercio mayorista, el transporte y la logística; la educación; sanidad y servicios sociales y los servicios avanzados a empresas.
Por ello, se plantea como objetivo prioritario en materia de políticas de activación y FP para el empleo ser más eficiente en la mejora de competencias de los trabajadores y demandantes de empleo y, en particular, reducir el desajuste de competencias. Además, es fundamental impulsar la competitividad de las empresas e incrementar su productividad. Existe una relación directa entre las competencias que tienen los recursos humanos y el rendimiento en las empresas. Es preciso reducir el desajuste entre las competencias laborales demandadas por el tejido productivo y las ofrecidas por los trabajadores que buscan empleo, y también facilitar la recualificación profesional de los parados de larga duración.
El sistema incluye actuaciones de formación profesional para el empleo, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación dual y en alternancia con la actividad laboral que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral. Es básico mejorar la competitividad de las empresas a través de la cualificación de los empleados, y mejorar la empleabilidad de los trabajadores con objeto de facilitar sus transiciones hacia el empleo, su desarrollo personal y su promoción profesional.
Algunas medidas buscan austar la oferta formativa a las necesidades del mercado de trabajo y a la mejora de la competitividad del tejido productivo, con especial atención a las competencias clave, digitales e idiomáticas. Es decir, cursos de TICs, Innovación, transformación digital e idiomas. También mejorar la información, seguimiento y evaluación de la oferta formativa y el conocimiento de las necesidades de capacidades en los diferentes sectores económicos y territorios.
Por otro lado, es clave promover la formación modular acreditable y el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y vías no formales de formación, así como promover la formación vinculada a contratación y obtención de experiencia laboral, e impulsar la formación en las empresas a través de los instrumentos establecidos en la Ley 30/2015 y su normativa de desarrollo.
Algunas medidas o bloques de trabajo son:
– Mejora de los sistemas de protección (refuerzo de los programas de orientación, formación, recualificación, intermediación y protección de desempleados de larga duración y mayores de cincuenta años; y de orientación, formación y apoyo a jóvenes sin cualificación profesional).
– Refuerzo de los sistemas e instrumentos de apoyo (sistema de perfilado estadístico de desempleados; evolución hacia un modelo de intermediación basado en la gestión por competencias; y mejora de las funcionalidades del Portal Único de Empleo.
– Mejora de la información (mejora del SISPE e integración en éste de la cuenta formación y otros sistemas de información; relanzar el Programa de Intercambio de Buenas Prácticas.
– Desarrollar los sistemas de gestión y evaluación (mejora del sistema de gestión y soporte a la Garantía Juvenil; evaluación del desempeño de los servicios públicos de empleo (EVADES); metodología común de medición de la satisfacción de usuarios; y metodología de evaluación de programas y medidas).
Los jóvenes de España están pasado una coyuntura muy negativa en materia de empleo, en particular sobre la estabilidad en el empleo y sus perspectivas salariales. Todo ello afecta de forma relevante a sus rentas futuras en el período de jubilación. Por ello, se considera prioritario facilitar el acceso de los jóvenes al empleo estable y evitar así el llamado «efecto cicatriz».
Según los estudios, la tendencia en la estructura de empleo en las economías desarrolladas tiende hacia a un modelo polarizado, en el que cobran importancia por un lado, los empleos profesionales y técnicos de alta cualificación y por otro, los de ventas y servicios, especialmente las ocupaciones elementales y estudios básicos.
Las ocupaciones que están mostrando una tendencia positiva en España se concentran principalmente en los grupos de Trabajadores de los servicios de restauración, empleos de administrativos, operadores de instalaciones y maquinaria y ocupaciones elementales. Entre todos ellos suponen las tres cuartas partes del empleo en ocupaciones con buenas perspectivas
En los grupos de mayor cualificación, las ocupaciones con mejor situación frente al empleo son las relacionadas con la salud (médicos, fisioterapeutas, odontólogos), con la enseñanza, ingenierías en general y profesionales TIC. Entre estas últimas los expertos coinciden en las buenas perspectivas de las ocupaciones de técnicos y analistas de redes, técnicos de la web, marketing digital, diseñadores y administradores de bases de datos e ingenieros técnicos e ingenieros en electricidad, telecomunicaciones, industriales y agrónomos.
Los objetivos estratégicos o prioritarios de los Servicios Públicos deben focalizar la atención y el esfuerzo durante un período de tiempo, y buscar estrategias posibles, deben identificar los sectores, colectivos o áreas de especial interés en cada momento, por presentar una mayor necesidad, mejor viabilidad o mejores perspectivas de futuro, y a los que se deberá prestar una mayor dedicación y en los que se deberá concentrar una parte significativa de los recursos.
Se busca un Portal Único de Empleo, donde se mejorarán las funcionalidades como elemento de transparencia del Sistema Nacional de Empleo, que tiene todavía un amplio potencial de desarrollo para dinamizar la intermediación y la movilidad de los trabajadores. En este sentido, se desarrollará el acceso multicanal integrado, se mejorarán los servicios a empresas, se ampliará su contenido de información, se le incorporarán métricas de efectividad y con la previa autorización de los interesados se conectará con los historiales profesionales registrados en SISPE.
También, anualmente se realizará la evaluación de la calidad, impacto, eficacia y eficiencia del conjunto del sistema de formación profesional para el empleo, al que hace referencia el artículo 21 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. Y se informará de estas evaluaciones a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
Al mismo tiempo se incluyen las evaluaciones que es imprescindible realizar para cada uno de los servicios prestados y programas concretos incluidos en cada PAPE, incluyendo los programas financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal con cargo a su reserva de crédito. Se promoverá la creación de una unidad específica para la evaluación de las políticas activas de empleo. Asimismo, durante el año 2018 se encomendará a una entidad externa la evaluación del conjunto de las políticas activas de empleo en España, incluyendo las bonificaciones, y finalmente la propia Estrategia será objeto de evaluación a su finalización.
