En España la Formación Continua tiene grandes deficiencias que la Administración no soluciona debido a su desconocimiento y a su escasa valoración, ya que después de muchos años sigue sin abrirse un verdadero debate nacional sobre la formación de los trabajadores. La participación de las empresas es mínima, el sistema desprecia a los autónomos (aunque ya cotizan por Formación Profesional), se impone una excesiva burocracia y poca flexibilidad en la gestión, se siguen utilizando instrumentos arcaicos como la cofinanciación, …
Al mismo tiempo, los contratos de formación y aprendizaje no sirven ni para aumentar la contratación ni el reciclaje de los jóvenes, el Cheque de Formación lleva 5 años de atraso, la cuenta de formación y los certificados de profesionalidad no arrancan, la obligación de 20 horas obligatorias al año es una gran mentira, la formación online no está regulada, las subvenciones son escasas y mal organizadas, y las políticas activas de empleo brillan por su ausencia.
La mitad de los trabajadores en España no participa en Formación Continua, ni tienen pensado hacerlo. Un 20% tiene interés, pero se buscan excusa de todo tipo. Este desajuste, muy distinto a Europa, es un riesgo con consecuencias imprevisibles.
Ante el cambio digital, la globalización económica y el envejecimiento de los ciudadanos, el empleo cambiará de un modo radical. Ya no existirá un mismo trabajo para toda la vida, y lo aprendido en una época no servirá para los años siguientes, por ello se impone una formación continua durante toda la vida laboral.
Más de la mitad de la población se enfrenta a un riesgo significativo debido a la transformación digital. Y en la actualidad sí participan los empleados que disponen de mejores empleos, sin embargo los parados de larga duración y los pocos cualificados son los que más necesitan la formación y los menos participativos.
Las empresas españolas también influyen en la brecha, aunque algunas hacen una previsión de sus necesidades formativas, el 75% de las compañías no sabe las capacidades que les demanda el mercado. En los países occidentales cerca de la mitad de los adultos no reciben formación y ni siquiera aspira a ello. La OCDE indica algunas recomendaciones, como apoyar a parados y trabajadores poco calificados, así como garantizar una financiación adecuada para las empresas.
Por otro lado, el contrato para la formación y el aprendizaje juvenil no funciona adecuadamente desde hace 4 años, ya que no forma a los jóvenes, ni mejora su cualificación ni la inserción laboral. Su inicio fue la de facilitar el acceso al mercado de trabajo de los jóvenes no formador, pero los resultados han sido muy negativos. En los últimos años se han contratado con esta modalidad sólo unos 50.000 jóvenes anuales, cinco veces menos que en la década anterior.
La formación nunca es gratuita, siempre genera un coste que alguien debe pagarlo. Por ejemplo el sueldo del profesor o tutor, alquiler del aula o plataforma, el coste de los materiales didácticos y contenidos online, etc. Pero al mismo tiempo, se generan unos costes indirectos o de organización, asociados a la gestión, trabajo administrativo, o servicios de apoyo, los cuales están muy valorados, ya que la Administración obliga a que no sea superior al 10% del total de los costes.
Al mismo tiempo se obligan a unos costes no necesarios como son los de cofinanciación (costes salariales de los trabajadores en jornada laboral) o los de aportación privada de las empresas. Pero la no formación también genera costes, al igual que la descoordinación entre departamentos, los bajos niveles de calidad en los productos o servicios, la excesiva rigidez en los plazos y la negativa a los cambios de fechas y horarios.
En los aspectos relacionados específicamente con la formación bonificada (programada) los grandes errores están unidos a la excesiva importancia que Fundae y Sepe le da a la gestión, documentación, plazos, seguimiento y control, y el escaso valor a la calidad de la formación, adaptación a las necesidades de las empresas y empleados, o al retorno (ROI).
La Ley no señala de un modo claro el procedimiento que debe seguir las entidades organizadoras o formadoras, pero sí que está definido todas las actuaciones de Seguimiento y Control, con indicadores de riesgo, protocolos y niveles de actuación, con una relación de las incidencias más comunes por parte de los proveedores, empresas bonificadas, entidades gestoras, formadoras,…
