El gatopardo en la formación para el empleo

Durante estos √ļltimos 5 a√Īos el escenario donde se representa la Formaci√≥n Profesional para el Empleo sigue siendo el mismo, y a priori lo es a todas luces a pesar de que algunos quieran entender que ha cambiado.

Desde el a√Īo 2011 venimos sufriendo una inseguridad jur√≠dica en este √°mbito, y que a d√≠a de hoy a pesar de la publicaci√≥n del √ļltimo Real Decreto 694/2017 que pretende regular la Ley 30/2015 de Formaci√≥n Profesional para el Empleo en el √°mbito laboral, viene a ver la luz sin el consenso necesario entre los actores principales (Administraci√≥n Laboral, Agentes Sociales y Autonom√≠as, estos √ļltimos actores invitados en el nuevo escenario y que desde hace tiempo reclamaban su presencia en el √≥rgano de participaci√≥n del sistema). Lo cual hace dif√≠cil la tan deseada estabilidad del sistema

El Decreto Ley 3/2012 descomponía el libreto sobre el que hasta ese momento se representaba la obra, una suerte de idilio entre los agentes sociales, la patronal y la Administración. Esta norma no era sino que una declaración de intenciones de la nueva Administración, bajo el paraguas de un concepto postmoderno como es la empleabilidad convertido ahora en cliché:

       Reconocimiento como derecho individual de la formación profesional para el empleo, y por ende el permiso retribuido para realizar tal formación

       Reconocimiento del derecho del trabajador para adaptarse al puesto de trabajo.

       Cuenta de formación del trabajador

       La apertura de la formación a centros acreditados o inscritos en la oferta de formación y la descentralización de la misma.

       Modificaciones en el contrato de formación  de formación

La aplicación de esta Ley 3/2012 abre la puerta para la reforma del modelo, si bien dada la polémica que la misma suscita entre los agentes sociales y el choque frontal entre la Administración y la Patronal en el desarrollo normativo de la misma y su aplicación, hace que esta norma esté en el foco de atención de otros actores políticos.

Este nuevo escenario se complica con las Comunidades Aut√≥nomas que tienen la intenci√≥n de recurrir el √ļltimo Real Decreto 694/ 2017 al entender que es inconstitucional y que viola algunos aspectos de sus competencias.

As√≠ pues el inter√©s de los distintos actores en estos momentos es divergente y la entidades de formaci√≥n est√°n sufriendo y sufrir√°n en un futuro inmediato la incertidumbre de un modelo que busca asentarse despu√©s de 5 a√Īos de vac√≠o e inseguridad jur√≠dica.

En este escenario se hace complicado el debut de nuevos actores y no es aconsejable al menos de momento entrar en escena, el modelo de subvenci√≥n con el fraccionamiento de los pagos al 25% y 35%¬† y la dilataci√≥n del pago final¬† de hasta un 40%, obliga a la mayor√≠a de los centros a buscar financiaci√≥n o bien ejecutar el 65%-70% de la subvenci√≥n. Por ello desincentiva la inversi√≥n en infraestructuras y equipamientos, y si a ello le a√Īadimos el aderezo de una justificaci√≥n econ√≥mica que encorseta a los centros, no existe posibilidad alguna de negocio.¬†

El actual escenario hace que solo puedan estar en escena dos tipos de actores secundarios, aquellos que son muy peque√Īos y que el propietario es a la vez docente (puede cubrir hasta el 50% de los costes directos del curso,) o bien aquellos centros acreditados que tienen diversificado el negocio en otras l√≠neas, formaci√≥n privada, programada, formaci√≥n concertada,… Para el resto‚Ķ decidan su papel.

Autor: José María Rubio