El Ministerio de Empleo desea publicar un Real Decreto con grandes cambios en la Formación Continua, pero busca el consenso de los sindicatos y patronal, los cuales no aprueban dichos cambios ya que no quieren perder el control de la ayudas. Mientras tanto la Ministra habla de la «segunda generación de reformas», donde la formación profesional para el empleo y la modernización de las políticas activas de empleo, toman un papel fundamental..
En este sentido hay que dejar claro que las empresas de formación y los centros de estudios privados de este país son las únicas entidades que gestionan de un modo eficiente las políticas activas de empleo y la formación de los trabajadores y desempleados, y lamentablemente tienen que soportar la competencia desleal de los agentes sociales y administraciones públicas con una estructura basada en las subvenciones, el todo gratis y una mínima eficacia.
El pasado año más de 600.000 alumnos (sin tener en cuenta los de Formación Bonificada) de nuestro país participaron en cursos de enseñanzas no regladas, estudios impartidos en centros de formación privados que no conducen a la obtención de un título con valor académico oficial. El sector mueve en España alrededor de 340 millones de euros anuales (sin contar las 600 millones de la Formación de Demanda), con un gasto medio anual por alumno de 550-600 euros.
Según indica DIRCE (Directorio Central de Empresas) e INE (Instituto Nacional Estadísticas) estos centros privados de formación no reglada son gestionados en su mayoría por empresarios autónomos. Empresas que en 85% de los casos disponen de menos de 5 trabajadores, que en un 90% facturan menos de 300.000 euros al año, y que normalmente tienen una superficie entre 100 y 200 metros cuadrados.