El avance en la transformación de la Formación Profesional ha estado marcado este año por la aprobación de la Ley de Ordenación e Integración de la FP en el mes de marzo, en cuyo desarrollo se encuentra inmerso el Ministerio junto con las comunidades autónomas y los principales agentes del sector.

En paralelo, el Gobierno intenta consolidar la FP como catalizadora del cambio económico y social a través de la financiación (más de 1.700 millones de euros en este ejercicio). La mayor parte de esta inversión (más de mil millones) se ha destinado a la formación de trabajadores, empleados y desempleados, a través, fundamentalmente, de las comunidades autónomas.

También se pone en marcha la creación de la Red de Centros de Excelencia de Formación Profesional repartidos por el territorio, a la que se han destinado 41 millones de euros; la Red de Centros de Capacitación Digital, con 29 millones de inversión; la creación y mantenimiento de las Aulas Mentor (2 millones de euros) para la formación de trabajadores en zonas rurales; o el impulso a la acreditación de competencias profesionales.

Además, continúa la tarea de actualización y modernización de las titulaciones con la creación o actualización de casi 120 cualificaciones profesionales, la creación de cinco cursos de especialización y varios certificados de profesionalidad, en su gran mayoría conectados con sectores con alta demanda de empleo.

Respecto a la política de becas, se intenta adelantar 4 meses en la convocatoria, permitiendo que los estudiantes supieran antes del inicio del curso si cumplían con los requisitos económicos para recibir estas ayudas. A la política de becas se suman los programas de apoyo y refuerzo como PROA+, que está implementado en 3.700 centros de todo el país y al que este año se han destinado más de 118 millones de euros.

Este año se ha empezado a implantar el Plan Código Escuela 4.0 en el segundo ciclo de Infantil y en Primaria. El objetivo de este programa, que se extenderá a los alumnos y alumnas de Secundaria y que cuenta con un presupuesto de 356 millones de euros en dos años, es que los estudiantes se formen en pensamiento computacional, programación y robótica.

Aunque la adaptación y transformación del sistema promovidas por la Ley no serán sencillas de llevar a la práctica, están basadas en palancas fundamentales para posicionar a la FP en la vanguardia del sistema educativo español. Esos nuevos tiempos en los que se enmarca la FP están caracterizados por las transiciones digital y tecnológica, la transición medioambiental y la transición demográfica y social, que implican transformaciones importantes en el tejido productivo y en los perfiles profesionales.

En lo que respecta a la transición demográfica y social, se introducen diferentes indicadores y su relación con la FP en torno a la inmigración, la natalidad, el envejecimiento de los ocupados por sector y la participación en formación reglada y no reglada en los distintos tramos de edad. Respecto a la transición digital, se incorpora el análisis de la matriculación y la titulación en familias profesionales de carácter TIC, como una manera de identificar cómo se está respondiendo desde la oferta de FP a esa transición.

Los indicadores en España llevan a la reflexión sobre la evolución de la demanda de oportunidades de FP en los diferentes sectores productivos y, por tanto, sobre la capacidad del sistema para cubrir dichas oportunidades con personas tituladas en Formación Profesional.