En las últimas semanas varios medios de comunicación a nivel estatal han publicado noticias sobre la Formación, entre ellas la que señala que el SEPE amenaza a las empresas con multas por bonificarse los cursos de formación programada. El organismo emite unas 80.000 cartas para reclamar el dinero de incidencias en la formación bonificada de los años 2019 y 2020, aunque solo una minoría acaba en sanción por parte de la Inspección de Trabajo.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo quiere usar el excedente de las cuotas de formación de las empresas para otros fines. Es decir, trata de cambiar la ley para disponer de hasta 5.000 millones para políticas activas de empleo, donde según informa los agentes sociales calculan que cada año quedan en el SEPE cerca de 900 millones de euros sin consumir en formación.

Las empresas denuncian que gastar el dinero en conceptos que no sean formación supondría aplicar un gravamen sobre los salarios. El Gobierno intentará desviar parte de los fondos aportados por las empresas a través de la cotización por formación profesional para otros gastos ajenos a los planes formativos y cursos dirigidos a la capacitación de los empleados de empresas privadas.

Los autónomos denuncian el escaso presupuesto público para su formación específica en comparación a las cantidades de la formación bonificada de los trabajadores por cuenta ajena. Sobre todo, desde el año 2018 cuando los autónomos ya empezaron a cotizar por formación. Hasta la fecha menos del 5% de los autónomos de toda España han podido acceder a las acciones formativas desarrolladas por el SEPE, el dato más bajo de toda Europa.

Lo ideal sería implantar un nuevo modelo de formación para autónomos aprovechando las cuotas de formación que ya pagan. Por ejemplo, imponer un crédito mínimo de formación similar al de las empresas bonificadas que garantice una cantidad de 200 euros al año. Sistema que se debe organizar simplificando la tramitación administrativa, y basándose en los centros de formación privados.

Por último, los medios digitales también han informado sobre la sentencia que ha publicado la Audiencia Nacional basada en una inspección de Trabajo, sobre la bonificación de cursos de prevención de riesgos laborales, donde interpreta que la formación de carácter obligatorio de PRL no puede ser bonificable.

Se reafirma que la formación del artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores tiene un carácter obligatorio yno puede considerarse dentro del marco regulador de la Formación Profesional para el Empleo. Pero la sentencia utilizando normativa incorrecta también establece que la formación de PRL de carácter transversal considerada prioritaria, es decir, no específica de un área o categoría concreta y de carácter no obligatorio, no podrá superar las 6 horas de duración.

Sin embargo Fundae y Sepe sí aprueban la bonificación de este tipo de formación, y no indica ningún impedimento o condicionante a la aplicación de la bonificación por esta formación, ya que la sentencia del ‘Audiencia Nacional establece un marco regulador diferente y contrario a la práctica aplicada por FUNDAE.

La sentencia se pronuncia sobre la formación del puesto de trabajo (art. 19 LPRL), la del personal encargado de las emergencias (art. 20 LPRL), formación de los delegados de Prevención, capacitación como Técnico de Nivel Básico, etc. Su efecto alcanza a otros cursos como las del Convenio de la Construcción o del Metal, que pueden considerarse obligatorias del puesto de trabajo y que superan las 6 horas de duración.

Esperemos pronto la postura oficial de la Administración y de los agentes implicados como Sepe, Fundae, Ministerio de Trabajo, FLC, FMF, ITSS, etc, que hasta el momento no se pronuncia dejando al sector paralizado.