Según señala la futura Ley de Empleo, en 6 meses la nueva Agencia Española de Empleo sustituirá al antiguo SEPE. Por lo tanto el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dejará de existir y será sustituido por la Agencia Española de Empleo, que asumirá todas sus funciones y que desea individualizar la atención a las personas trabajadoras (desempleados y trabajadores).

Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social cambiará el nombre y también su funcionalidad. Intentará modernizar y agilizará la prestación de servicios de empleo y aprovechar la transformación digital. Busca responder a las necesidades del mercado laboral y combatir sus debilidades estructurales. En la actualidad el Sepe dispone de más de 700 oficinas poco eficientes , con personal desmotivado, tecnología obsoleta y vulnerables a ciberataques informáticos.

Aparece la figura del profesional tutor, que va asociado a cada persona demandante de empleo. Su función es la de individualizar la atención a las necesidades de formación del demandante con el fin de mejorar su empleabilidad. Se le ayudará en la orientación al autoempleo, tutoría personalizada con el compromiso de una búsqueda activa de empleo.

Se pone en marcha la Oficina del Análisis del Empleo, que busca fomentar la investigación, el estudio y el asesoramiento en materias relativas a las políticas de empleo. Se ayudará a las personas ya que tienen un empleo pero desean mejorar su formación. Así aumentará su empleabilidad en el futuro o escalar puestos en su organización.

A través de una Cartera Común de Servicios, un tutor elaborará un perfil de la persona, con un expediente laboral único, con una atención personalizada y continuada. Los usuarios también podrán contar con asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

Se cambiará el foco de actuación y no solo se dirigirá a los demandantes de empleo (desempleados), sino también a los trabajadores en activo (ocupados) que deseen mejorar su posición y favorecer su vida laboral. Para ello, las empresas que utilicen los servicios públicos tendrán la obligación de comunicar sus ofertas disponibles.